2008. Artículo publicado en América Latina en Movimiento - ALAI.
La construcción democrática, requisito de toda ley
Cuando el 18 de abril aprobamos en Montecristi el Mandato Minero Nº 6, con 95 votos a favor y uno en contra, lo hicimos motivados por la emergencia provocada en el sector por abusos de las empresas mineras, alentados por el entreguismo de los anteriores gobiernos. Ecuador vivió un verdadero “festín minero”, que estuvo a punto de provocar irreparables daños ambientales y sociales. Lo hicimos, también, convencidos de que la actividad minera en el Ecuador debería enrumbarse por una senda de profundo respeto al ser humano y a la Naturaleza.
Se sabía que no era una tarea fácil. Hay muchos intereses en juego. Y muchos problemas acumulados. Pero no se podían, ni se pueden mantener las cosas como están. La realidad en el ámbito de la minería, a pequeña escala en el caso de los recursos metálicos o de la explotación de materiales para la construcción, es sumamente compleja en varios aspectos: social, ambiental, económico, de seguridad humana, incluso político.
Más allá de dar respuestas a esa realidad, lo que interesa analizar con responsabilidad y amplia participación social la conveniencia o no de abrir la puerta a la minería metálica a gran escala y a cielo abierto. Por lo tanto, antes de revisar rápidamente algunos elementos del proyecto de ley de minería enviado por el Gobierno Nacional a la Comisión de Legislación y Fiscalización, aceptemos que el Ecuador requiere un nuevo marco jurídico para el desarrollo de la minería. Pero no cualquier marco. Se precisa una institucionalidad remozada que sepa respetar los mandatos constitucionales, es decir los principios básicos del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.
Ser o no ser constitucional, reto de la nueva ley minera, artículo PDF