2006. Artículo editorial escrito para Diario Hoy.
Jefferson Brown, encargado de negocios de la Embajada, dijo que todavía se pueden reactivar las negociaciones del TLC. Incluso durante el actual Gobierno. Lo que espera Washington es que, desde el Ecuador, su pueblo, sus empresarios y su Gobierno manden un mensaje con acciones concretas. Christopher Sabatini, director de Políticas del Consejo de las Américas, casi a día seguido, acotó que este es un examen es una prueba por superar para el Ecuador. Habría dos puntos pendientes. Primero, la aceptación del arbitraje planteado por la compañía Oxy en el CIADI (Banco Mundial). Segundo, permitir que las petroleras deduzcan los costos de inversión y producción. Luego, con estas señales de buena fe, generado un clima positivo para este Tratado, se retomarían las negociaciones. Ya falta poco para concluir, argumentan.
Esto demuestra que la dureza del Gobierno norteamericano, al levantarse de la mesa de negociaciones, era parte de su táctica. Presionó desde afuera, contando, en el Ecuador, con el respaldo de una serie de personajes desesperados por la suscripción de este Tratado para asegurar la continuidad de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA).
A cambio de muy poco, se perdería mucho. El TLC lejos de ser un tratado comercial, es una camisa de fuerza que frenará aún más las posibilidades de desarrollo nacional, sobre todo por la profundización de las normativas neoliberales que arrastra. El TLC tampoco es un tratado de libre comercio, mantiene y ahonda estructuras y prácticas proteccionistas, que han hecho de los EEUU, al decir de Paul Bairoch, uno de los más destacados profesores de historia de la economía en ese país, la madre y bastión del proteccionismo moderno. Lo que está en juego son los intereses de losEEUU y sus empresas.
Asumir la posibilidad del arbitraje de la Oxy, equivaldría a reconocer que no se actuó apegado a la ley. Sería, incluso, ir en contra del contrato suscrito entre el Estado y dicha compañía, en donde esta aceptó que la vía arbitral para el caso de la caducidad es improcedente. Aceptar la posibilidad de que las petroleras recuperen sus inversiones de la parte que le corresponde al Estado de la (generosa) repartición de las utilidades extraordinarias provocadas por los altos precios del petróleo, resulta, por igual, un irrespeto al marco jurídico nacional, que permite este tipo de decisiones cuando cambian las condiciones en las que se firman los contratos. Para Washington lo que cuenta es tener la posibilidad de proteger la propiedad privada, su propiedad privada sería aceptar una seguridad jurídica que no tiene nada que ver con un marco legal que garantice a todos los actores un trato justo.
La suspensión de las negociaciones del TLC, solo fue eso, no el fin de dicho Tratado. La tarea, ahora, es reposicionar el tema en la campaña electoral para conseguir que el TLC sea colocado definitivamente en el tarro de basura de la historia. El TLC, por tanto, es aún una prueba a ser superada por el pueblo ecuatoriano.