2001. Artículo publicado en América Latina en Movimiento - ALAI, Quito-Ecuador.
La economía ecuatoriana, a inicios de los años 80, se enfrentaba a una situación económica sumamente difícil (altas tasas de interés, cierre de mercados financieros internacionales, disminución de exportaciones, caída del precio del petróleo, etc.). Esta situación provocó dificultades para sostener el pago del servicio de la deuda externa y condujo a que se activen las presiones -internas y externas- para revisar la política económica. El resultado fue el cambio de modelo económico de industrialización y participación en el mercado mundial a partir del fortalecimiento del aparato productivo doméstico, por otro de apertura y liberalización a ultranza que puso nuevamente a las exportaciones primarias como eje del proceso de acumulación.
Las presiones externas provinieron y provienen, en primera línea, de las instituciones financieras internacionales (IFIs), que incluyen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), definidos en las cartas de intención que perfilan los lineamientos de la nueva política económica.
Se propuso la reorganización del aparato productivo a través de instrumentos de mercado que afecten y modifiquen los precios relativos (tasas de interés, tipo de cambio, salarios reales), induciendo a que éste se constituya en el parámetro que guía las decisiones de los agentes económicos individuales, sin considerar las prioridades sociales más aconsejables. La meta a corto plazo de los políticas de ajuste estructural es la estabilización; mientras que sus metas de largo plazo son la promoción de un crecimiento económico sostenido en las exportaciones de bienes primarios y en la apertura irrestricta para la importación de bienes de consumo.
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